Confianza legítima
De la Contraloría a los tribunales · 2016 a 2026
El Estatuto define la contrata como un vínculo transitorio. Ante renovaciones sucesivas, la jurisprudencia fue precisando qué efectos produce esa continuidad — primero la administrativa, hoy la judicial, con un umbral que pasó de dos años a cinco.
La cronología
Mar 2016Dictamen 22.766La Contraloría establece que las renovaciones sucesivas generan confianza legítima. Caso de un funcionario municipal con quince años de renovaciones. «Reconsidera toda jurisprudencia en contrario.»Se crea
Nov 2016Dictamen 85.700Instrucciones y criterios complementarios. Es el dictamen operativo más citado.Se precisa
Mar 2018Dictamen 6.400Instrucciones consolidadas: renovación, atribuciones de la autoridad, régimen recursivo y efectos del incumplimiento.Se consolida
Nov 2024Dictamen E561358La Contraloría no deroga la doctrina: se declara incompetente por tratarse de materia litigiosa, invocando el artículo 6° inciso 3° de la Ley 10.336.Se retira
May 2026Corte Suprema, Rol 32.686-2025Ordena reincorporación y pago de remuneraciones. Superados los cinco años existe «una expectativa razonable de continuidad, que limita la discrecionalidad de la Administración».Se judicializa
Qué establecía la doctrina
Texto de la propia Contraloría, citándose a sí misma en 2024
«Las continuas renovaciones de las contratas —desde la segunda al menos— generan en los servidores la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro.»
La consecuencia práctica era directa: la no renovación dejaba de ser una decisión discrecional y pasaba a requerir un acto administrativo motivado, impugnable ante la propia Contraloría y sin costo para el funcionario.
El umbral se movió
Criterio anterior de la Corte Suprema
2 años
Roles 38.681-2017, 15.122-2018 y 161.254-2022
La confianza legítima operaba desde la segunda renovación.
Criterio unificador vigente
5 años
▲ Roles 26.112-2023 y siguientes
Confirmado en el Rol 32.686-2025 de mayo de 2026.
Lo que cambió
La protección sigue, la sede no
La doctrina no murió: migró de la sede administrativa a la judicial. Los dictámenes de 2016 hoy llevan en su ficha la anotación «Ver dictamen E561358/2024».
Efecto para el funcionario
El reclamo cambió de sede
La reclamación ante la Contraloría no tenía costo para el funcionario. La vía judicial exige interponer un recurso de protección, con patrocinio de abogado.
Lo que hay que medir
Cuántos superan los cinco años
Es el universo con protección judicial hoy, y ninguna institución lo publica. Sólo puede reconstruirse siguiendo personas en las planillas mensuales de Transparencia Activa.
La pregunta que queda abiertaCómo se distribuye la antigüedad del personal a contrata en torno al umbral de cinco años. Es una pregunta descriptiva y contrastable, y hoy ninguna fuente la responde: requiere emparejar personas entre planillas mensuales de Transparencia Activa, con supuestos que habría que declarar junto al resultado.
Oficiallos dictámenes y sus fechas provienen de la base de jurisprudencia de la ContraloríaSin datonadie publica la distribución de antigüedad del personal a contrata, ni el número de recursos de protección por no renovación